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La diputada Esquivel Nava (Morena) propone reformar y adicionar el Código Penal Federal para sancionar a quienes no den litros de a litro.

Esto, para sancionar con prisión de tres a 12 años y multa hasta de 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a los concesionarios, permisionarios, administradores o personal de gasolineras o gaseras que vendan litros incompletos de combustibles carburantes.

Lo anterior sería con independencia de los mecanismos o medios que utilicen.

 

Van contra los que venden litros incompletos

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La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia y reforma el artículo 11 Bis y adiciona un artículo 389 Ter al mencionado Código.

Busca considerar como fraude vender litros incompletos de combustibles carburantes.

Esto para evitar la impunidad o evasión consciente de las sanciones a quienes estén relacionadas con la comisión del fraude descrito.

Es decir, que las personas jurídicas sean penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen.

La finalidad es proteger a la ciudadanía de los abusos cometidos por concesionarios o permisionarios de las gasolineras.

A la vez, busca investigar y sancionar puniblemente a los sujetos activos.

Lo anterior se debe a que, a la fecha,

“Delinquen con toda impunidad bajo la consideración de que su ilícita actividad se resuelve con dinero, sin riesgo de perder la libertad”.

 

Además…

Aclara que no es una propuesta de reforma dirigida a que paguen o se sancione a las personas que trabajan como despachadoras de las bombas de servicio.

Va enfocada a las encargadas de la administración, mantenimiento e instalación, tanto de las bombas despachadoras como de los artefactos con los que se alteran las cantidades.

La diputada de Morena resulta indispensable que se tipifique esta conducta como delictiva.

Esto en el entendido de que la integración de carpetas de investigación corresponderá a la competencia de la fiscalía.

Además, va para los órganos jurisdiccionales en caso de judicializarse.

Es decir, la propuesta no es para otorgarle facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor sino para tipificar como fraude esta conducta.

 

 

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